Por Arturo Fuentes E. | Monterrey, Nuevo León, 5 de octubre de 2024.
Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que se revelara que las magistradas Claudia Valle Aguilasocho, Elena Ponce Aguilar, y el magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional Monterrey, habrían recibido un soborno de 10 millones de pesos para favorecer al exsenador y presunto delincuente Ismael García Cabeza de Vaca.
Fuentes cercanas al caso señalan que el dinero habría sido entregado para que los magistrados ordenaran al Congreso de Tamaulipas permitir que Ismael García Cabeza de Vaca, acusado de diversos delitos graves, pudiera rendir protesta de manera remota. Este movimiento le garantizaría el fuero constitucional, protegiéndolo de ser presentado ante el Ministerio Público y el juez correspondiente, obstaculizando así la acción de la justicia.
Encubrimiento y obstrucción de la justicia
El presunto soborno no solo representaría un acto de corrupción, sino que también coloca a los magistrados en el centro de una trama de encubrimiento y obstrucción de la justicia. Al proteger a Ismael García Cabeza de Vaca, estarían ayudando a que el exsenador eluda las acusaciones que pesan en su contra, relacionadas con su hermano, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y una red de socios involucrados en presuntas actividades delictivas.
Investigación en curso
Ante la gravedad de las acusaciones, se ha iniciado una investigación sobre el comportamiento bancario de los magistrados, lo que ha llevado a descubrir una serie de empresas fachada involucradas en el manejo de los fondos ilícitos. Estas compañías habrían sido utilizadas para canalizar los 10 millones de pesos con los que presuntamente se compró la decisión a favor de García Cabeza de Vaca.
Distintos actores políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su indignación ante lo que consideran una burla al sistema de justicia y un acto de impunidad que perpetúa la corrupción en los niveles más altos de la política y el poder judicial. Esta trama pone de relieve, una vez más, los oscuros vínculos entre la clase política panista y el crimen organizado en Tamaulipas.
